Crear un registro nacional de beneficiarios finales que permita identificar a las personas beneficiarias finales de las personas jurídicas, los fondos de inversión y otras entidades sin personalidad jurídica, facilitando el combate contra la evasión fiscal, el crimen organizado, el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo, los atentados contra la libre competencia y, en general, los conflictos de intereses.