Establecer normas de responsabilidad disciplinaria claras y precisas para los funcionarias y funcionarios a cargo de la gestión de solicitudes de acceso a la información pública, que sean tramitadas de acuerdo a las reglas del Estatuto Administrativo, disminuyendo el ámbito de discrecionalidad del Consejo para la Transparencia al aplicar sanciones y fomentando la creación de la figura del encargado/a de transparencia en los servicios públicos.