Establecer por ley la obligación de organismos públicos (Comisión para el Mercado Financiero, Unidad de Análisis Financiero, Policía de Investigaciones, Banco Central, y Tribunal Constitucional) de entregar al Servicio de Impuestos Internos información necesaria para la fiscalización tributaria cuando lo requiera, a pesar de su carácter reservado.